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El Gobierno ha acordado llevar al Consejo de Ministros, en un plazo máximo de tres meses, la Ley de Vivienda que limitará, entre otros, el precio libre del alquiler en las denominadas “zonas tensionadas”.
La futura Ley de Vivienda, se encuentra en estos momentos en información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para determinar las posibles “zonas tensionadas”, se usará la información obtenida por los sistemas de índices de referencia de precios de alquiler, que desarrollará el Ministerio de Transportes y estará sujeto a revisión periódica de la vicepresidencia del Gobierno.
Con dicha normativa, lo que pretende el Gobierno es dotar de mecanismos de contención, incluso eventualmente, bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos de arrendamiento como de los contratos existentes.
Se habilitará a las administraciones locales para que puedan declarar «de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler».
A pesar de no conocerse a día de hoy el contenido de la futura Ley, se sabe que uno de los mecanismos de contención será frenar las subidas de precio injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato de alquiler anterior, limitando los incrementos permitidos a ciertas situaciones que expresamente se contendrán en la norma.
En España es la primera vez que se aprueba este tipo de medida a nivel estatal, si bien el pasado mes de septiembre, el Parlamento Catalán aprobó una normativa que obligaba a congelar o bajar el precio de los arrendamientos en zonas tensionadas. Dicha normativa se encuentra pendiente de recurso y será el Tribunal Supremo el que se pronuncie sobre su validez y legalidad.
Habrá que esperar a comprobar si con la aprobación de la Ley de Vivienda se consiguen solucionar de forma inmediata y directa los problemas de accesibilidad al alquiler en ciertos colectivos o si, por el contrario, puede tener efectos adversos e incidir en la oferta de viviendas disponibles, reduciendo la misma y dificultando igualmente el acceso a una vivienda.
Fdo. Cristina Santamaría de Felipe (Abogado)
