Esta semana hemos sabido que casi el 50% de las empresas españolas son pesimistas y prevén que en los próximos 12 meses sus clientes corporativos van a incrementar su morosidad. Como consecuencia de ello, las pymes tendrán menor liquidez y se verán obligadas a rescindir más contratos de trabajo. Es decir, que el impago de facturas va a incidir directamente en los despidos de trabajadores.
Algunos datos en los que se apoyan para mantener esta negativa previsión son:
• Aunque se prevé un ligero incremento de la actividad en los próximos meses, el fin de las ayudas de las Administraciones es más que probable que provoque un aumento significativo de la morosidad.
• En la actualidad hay pendientes de pagar 57.000 millones de euros. La mayor parte son responsabilidad del Ibex 35.
• La media de días que transcurre entre que una pyme/autónomo emite una factura a empresas del sector no financiero del Ibex 35 entre otras y la cobra es superior a 180 días.
• La media de días que transcurre desde que una empresa del Ibex 35 emite una factura y la cobra es de poco más de 60 días.
Por todo lo anterior, desde la Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES), que engloba tanto a pymes como autónomos, se está impulsando la necesidad de que se implante desde ya un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. Además, propone que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no tengan acceso a los fondos de ayuda europeos.
En línea con lo anterior, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad ha remitido ya una carta a las instituciones europeas alertando y denunciando esta situación para que se tomen medidas al respecto.